19 de abril de 2008

La Comunidad de Madrid usa cámaras falsas para vigilar a los ciudadanos

Las auténticas carecen de autorización juidicial. | El País.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha ordenado emplear el uso de la ingeniería social para ahorrar costes en las tareas de vigilancia de los vecinos de la región. En concreto, la mayoría de las cámaras de vigilancia que se han instalado para ahuyentar a los maleantes del parque de uso público de Chamberí donde instaló un campo de pitch and putt, después de declarar la zona de interés general, careciendo el resto de autorización de la Comisión de Videovigilancia. Los vecinos piden que sean retiradas.

Un portavoz del Canal de Isabel II explica sobre las cámaras falsas que «son disuasorias. Mucha gente las utiliza para que no entren a robar en sus casas». Además, la Delegación del Gobierno dice que la Comunidad no ha pedido permiso para instalarlas, algo ineludible para grabar en una vía pública, si bien el Canal responde que sólo necesita el de la Dirección General de la Policía. Según el ente público, está justificada su instalación porque protegen al depósito de agua bajo el parque, «que da de beber a 1,5 millones de madrileños».

La Agencia de Protección de Datos regional responde que no pueden actuar de oficio y que tras las denuncias que surjan, investigará. «Tiene que estar justificado por motivos de peligrosidad. En una calle del centro, por ejemplo la Gran Vía, debido al índice de delitos, puede autorizarse», explica Antonio Troncoso, director de la agencia. El ejemplo de la Gran Vía, donde el Ayuntamiento ha instalado cámaras, ha tenido que ser aprobado por la Comisión de Videovigilancia.

«Es un recinto que consideramos que tiene un uso distinto al que se había prometido. Esas cámaras, además, acentúan un carácter privado del sitio. Y las cámaras pueden violar el derecho a la intimidad», critica Diego Cruz, secretario de la Asociación de Vecinos El Organillo.

«Está vulnerando un derecho fundamental como es de la intimidad. El que alguien pueda pasear sin que se registren sus datos. Yo no sé qué hacen con esos datos y por qué no se ha pedido permiso a la comisión. Además, en ese parque no hay precedentes de inseguridad y es de uso público», dice la concejal socialista, Carmen Sánchez Carazo, que la pasada semana denunció la situación.

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